Luego de que ésta semana se pronosticara una inflación que superaría el 40% anual para Venezuela en el 2010, lo que traería consigo el colapso dela economía popular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH emitió un comunicado, cuyo texto se reproduce a continuación, en el que se manifiesta la preocupación de dicho organismo de la OEA con respecto a la situación actual de la oposición al gobierno del Presidente Chávez. No está demás aprovechar la oportunidad para manifestar que considero al gobierno de Chávez como la dictadura más peligrosa de la región y a él como un ser fuera de sus cabales, con delirios de mesianismo quien ha llevado al país al borde del caos: sin energía eléctrica, pese a que tienen los recursos naturales para producirla, con cierres abusivos e ilegales de medios de comunicación o su estatización por simplemente ser opositores al régimen, con la intromisión inaceptable en los asuntos de otros países, entre otras perlas. Tengo muy buenos amigos en Venezuela, y debo destacar lo amable y noble de su gente, pero considero que la gran mayoría de los Venezolanos están en una especie de transe, inducido por el gobierno, en el que sus facultades de decisión están adormiladas. Afortunadamente algunos están reaccionando y se están organizando en una oposición mas sólida y compacta. Por ello el temor del régimen, el cual se ve a la luz con las acciones ilegales que se narran en la nota de prensa. El texto que nos llega vía http://www.cidh.org/ CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR USO DEL PODER PUNITIVO DEL ESTADO PARA SILENCIAR OPOSITORES EN VENEZUELA Washington D.C., 25 de marzo de 2010 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos en Venezuela. Durante el 138 período de sesiones, la Comisión recibió información actualizada sobre la situación de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, quien se encuentra privada de libertad y para quien el 11 de enero de 2010 se otorgaron medidas cautelares, tras recibir una solicitud en que se indicaba que la habían amenazado con quemarla viva en la cárcel. En su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la CIDH informó sobre la situación de la jueza Afiuni Mora, quien el 10 de diciembre de 2009 ordenó la liberación de una persona que había estado privada de libertad por más de dos años, plazo máximo de detención preventiva contemplado en la ley. El presidente Hugo Chávez dijo al día siguiente en cadena de radio y televisión que pedía 30 años de prisión para la magistrada, y un día más tarde la jueza fue imputada por graves delitos por el Ministerio Público. Asimismo, durante las sesiones la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibieron información sobre la detención del ex gobernador y ex candidato presidencial Oswaldo Alvarez Paz y sobre la apertura de una investigación sobre Guillermo Zuloaga por parte del Ministerio Público. En ambos casos, las acciones fueron iniciadas a solicitud de un diputado de la Asamblea Nacional. De acuerdo a la información recibida, el 8 de marzo de 2010 Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del Estado de Zulia y miembro de la Asamblea Nacional, realizó denuncias sobre presuntos vínculos de altos funcionarios estatales con grupos vinculados al narcotráfico, en un programa de televisión. Al día siguiente, el diputado Manuel Villalba, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigara la conducta de Álvarez Paz, quien fue imputado por la comisión de varios delitos previstos en el Código Penal venezolano, incluyendo conspiración contra la forma republicana de gobierno, instigación pública a delinquir, e intimidación pública, informaciones falsas e incertidumbre pública. El 22 de marzo Álvarez Paz fue detenido y el 24 de marzo el tribunal ratificó su detención. Álvarez Paz se encuentra alojado en una dependencia de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Por otra parte, el 24 de marzo el diputado Manuel Villalba también solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación contra Guillermo Zuloaga, presidente del canal Globovisión, por declaraciones realizadas en una Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Como ya lo ha dicho la Comisión en su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. A juicio de la Comisión, es esa falta de independencia la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos. La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han manifestado en reiteradas oportunidades su grave preocupación por la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Los espacios de debate público sobre las autoridades gubernamentales venezolanas se encuentran cada vez mas reducidos, dado el uso de instrumentos como la justicia penal para silenciar las expresiones críticas o disidentes. En este sentido, resulta de enorme preocupación que se imputen delitos como instigación a delinquir a quienes hacen denuncias o consideraciones sobre la situación del país. Las expresiones públicas realizadas por muchas autoridades en apoyo a la detención de Álvarez Paz e incitando a la apertura de procedimientos penales contra otras personas como Guillermo Zuloaga por la simple expresión de sus opiniones en foros públicos, muestran un preocupante consenso entre las autoridades en el sentido de que es legítimo identificar a personas críticas del gobierno con delincuentes.  La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión urgen al Estado de Venezuela a evitar el uso de medios directos o indirectos para silenciar las opiniones críticas o las denuncias que se produzcan contra autoridades del gobierno, por inquietantes u ofensivas que las mismas resulten. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Org

anización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.